Del Olmo saluda a Cristóbal Montoro en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en enero. / Ical.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trasladó ayer a las comunidades autónomas la capacidad que tendrán para acogerse a la nueva línea que ultima a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar tanto el pago a proveedores como la refinanciación de su deuda. La cifra asignada a Castilla y León asciende a 632 millones de euros para ambos objetivos -de una dotación total de 10.000 millones prevista por el Gobierno central-, conforme a la información comunicada en la reunión celebrada por el grupo de trabajo creado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para articular soluciones a las necesidades de liquidez de las administraciones autonómicas.
La propia consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en declaraciones a este periódico valoró positivamente esta posibilidad abierta por el ministro Cristóbal Montoro. «Es una buena línea», indicó Del Olmo, que ahora deberá «analizar con detalle las posibilidades» que ofrece este nuevo instrumento financiero y en qué medida puede interesar a la Administración regional hacer uso del mismo.
Según la información aportada por el Ministerio de Hacienda el tipo de interés que se aplicaría será del 5,96 por ciento, aproximadamente un punto menos del contemplado inicialmente, con un plazo de amortización de tres años mediante cuotas constantes.
No obstante, la concesión de esta nueva línea de financiación ICO no estará exenta de requisitos. El departamento que dirige Montoro exigirá, por ejemplo, la presentación de un plan de ajuste a las Comunidades que quieran acogerse a esta herramienta.
El propio ministro anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un «mecanismo», que irá «más allá del ICO» y contará con la colaboración de las entidades financieras, para liquidar la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones con sus proveedores, un acuerdo cuya aplicación será objeto de explicación a las comunidades autónomas en una nueva reunión del grupo de trabajo que se convocará la próxima semana.
Según explicó Montoro, esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas, que no cuantificó pero sí calificó de «considerables», en los próximos meses. El ministro, que aprovechó una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Senado, señaló que este «procedimiento» está siendo ultimado «estos días» en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad, informa Europa Press.
Los servicios jurídicos de ambos gabinetes están estudiando si este nuevo «esquema de financiación de proveedores», requiere cambios normativos que el Gobierno «llevaría adelante». Este mecanismo supondrá «una gran operación financiera» que el Estado «está en condiciones de acometer». Y es que el Gobierno pretende que sea un mecanismo «ágil», de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que «puedan ir directamente a las entidades financieras». «Se trata de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España», ha dicho.

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